Denuncian falta de avances en caso de inhumación clandestina en Tetelcingo

Cuernavaca, Mor., 22 de febrero.
La madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, denunciaron que la carpeta de investigación iniciada en contra de unos 42 servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en la inhumación clandestina e ilegal de 119 cuerpos en una fosa común ubicada en el panteón irregular de Tetelcingo, Cuautla, no avanzado casi nada, pese que han pasado casi 9 años que se exhumaron todos los cuerpos (mayo de 2016).
Desde entonces, y hasta hoy, de acuerdo con Amalia Hernández tía de Oliver, sólo se han vinculados a cuatro, pero de éstos sólo quedan dos en investigación, (ya uno que falleció y otro que según, Amalia, por orden de un juez ya está prescrito el delito , porque , la fiscalía no apeló esa decisión y se dejó que ese servidor público y ese delito quedaran en impunidad).
Las únicas dos servidoras investigadas son: Ana Lilia (Guerrero Moreira) y Fabiola (Barajas Martínez), la primera era en aquel tiempo, 2014, coordinadora de servicios periciales y la otra era también coordinadora de un área de la FGE, dijo Amalia.
La última anomalía que han detectado y que hoy denunciaron de este caso, en la ofrenda de las víctimas de la violencia que está enfrente de Palacio Estatal, fue que Ana Lilia hizo unas declaraciones sobre el caso, presuntamente, acusando a sus jefes o autoridades de la FGE que en aquel tiempo la encabezaba Rodrigo Dorantes Salgado (en el primer tramo del sexenio del ex gobernador Graco Ramírez); pero según Amalia la FGE que encabezó el ex fiscal, Uriel Carmona Gándara, “ocultó esa declaración”.
Esta declaración de Ana Lilia, según los familiares de Oliver, se realizó en el marco de un , criterio de oportunidad para la imputada, siempre y cuando, “la imputada proporcione información clave para esclarecer otros delitos y a los responsables, añadiendo, que si había la declaración esta “debería de servir para investigar a servidores públicos de igual rango en jerarquía, o ascendente a la que ostentaba la parte declarante”. Pero dicha declaración fue “ocultada” por la FGE, “para tratar de dejar en la impunidad los delitos cometidos por los servidores públicos de la fiscalía”, recalcó Amalia.
Por lo que ahora esperan que el nuevo fiscal, Edgar Maldonado Ceballos revise esta carpeta para que se agilice y se haga justicia para las 119 personas inhumadas en esa fosa común de la FGE en marzo de 2014.
Caso Oliver
El cuerpo de Oliver Navarrete Hernández estuvo ocho meses y 12 días junto con otros 118 personas en una fosa común que la Fiscalía General del Estado (FGE) utilizó en Tetelcingo, Cuautla, para inhumar cadáveres que nadie reclama o reconoce. Pero el cadáver de este joven sí había sido identificado por sus familiares. Así como otros que también fueron inhumados.

Navarrete, de 31 años de edad, fue secuestrado el 24 de mayo de 2013 en Cuautla; 10 días después fue encontrado muerto. Sus parientes reclamaron el cuerpo, pero la FGE lo retuvo y el 28 de marzo de 2014 lo enterró en un predio que no tenía los permisos del ayuntamiento ni de autoridades sanitarias para operar como fosa común o cementerio.María Concepción Hernández, madre de Oliver, logró que la FGE exhumara el cuerpo el 9 de diciembre de 2014 para darle sepultura formal.

En mayo del 2016, los familiares de Oliver, la UAEM y otros organismos de derechos humanos, lograron que se abrieran esas fosas comunes ubicadas en Tetelcingo, extrayéndose, en total, a parte con Oliver sacado anteriormente, 119 cadáveres.