Denuncian familiares de Oliver Wenceslao irregularidades en inhumaciones clandestinas.

Cuernavaca, Mor., 22 de enero.
La tía y la madre de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, inhumado junto con otros 118 cadáveres de manera ilegal y de manera clandestina por trabajadores de la Fiscalía General del Estado en el 2014, denunciaron irregulares de la carpeta de la inhumación masiva por parte de la Fiscalía General del Estado que encabeza Uriel Carmona Gándara, ya que, recalcaron que esta dependencia, pretende “echar abajo este proceso y que los delitos queden en la impunidad”.
La madre y tía de Oliver afirmaron lo anterior en una rueda de prensa que ofrecieron el martes en la ofrenda floral de las víctimas de la violencia de Morelos, que está en una de las entradas del palacio estatal.
“Desde hace 11 años, en lo que hemos estado luchando y batallando mucho por la procuración de justicia tanto para Oliver, como para los 118 cuerpos que fueron inhumados junto con él en las fosas de Tetelcingo, por parte de la entonces llamada procuraduría, hoy Fiscalía del Estado de Morelos”.
“La Fiscalía de tratar de echar debajo de nueva cuenta este proceso y que los delitos queden en la impunidad en contra de los servidores públicos” que inhumaron en el año 2014 a 119 cuerpos que estaban en los Semefos de la FGE, pese que algunos de estos personas era buscados por sus familiares, como documentó la familia de Oliver (exhumado por orden de un juez en diciembre de 2014); y después por éste caso se logró que fueran exhumadas esas 118 personas más de las fosas de Tetelcingo en el 2016.
El lunes (20 de enero), explicó Amalia que acudieron a la FGE, debido que en una audiencia de este caso realizada en noviembre pasado, tanto la Ministerio público como la asesora jurídica de este caso, “solicitaron al juez una prorroga”, porque había la posibilidad que como víctimas pudieran llegar a un acuerdo, en un criterio de oportunidad, que la persona imputada pudiese proporcionar información para que avanzar en la carpeta.
Pero como no se les había informado nada, Amalia aseguró que acudieron ante la oficina de la MP, quien les contestó que estaban esperando la respuesta del abogado de la imputada para presentarse.
Después en su calidad de víctima, aseguró Amalia con María, se pusieron a “revisar” algunos documentos que estaban en el escritorio de la MP que lleva este caso, “encontramos una información que podría beneficiar su desaparición a uno de los probables imputados, una persona que tiene responsabilidad, y que con clara muestra lo dijo estas pruebas estaba ahí en ese escritorio con la clara intención de que desaparecieran.
“¿Porque razón? Porque razón tuvimos conocimiento de unos cuadernillos que tiene la MP, de información que no obra en la carpeta, cuestión que se reclamó porque todo lo que hay ahí, debe de obrar y constar en la carpeta”, puntualizó Amalia.
Ante los reclamos y esta información que ellas encontraron, los trabajadores de la FGE llamaron a un visitador de derechos humanos, y entonces Amalia pidió que se le iniciara un proceso en contra de la MP, por el ocultamiento de la información, “sin embargo, llamaron a otra visitadora, y nos grabaron, violentaron nuestros derecho con la única y clara intención de amedrentarnos”.
El temor, subrayó, Amalia, es porque en noviembre pasado María la mamá de Oliver, estuvo a punto de ser levantada por un automóvil en la ciudad de Cuautla, por lo que en esta misma rueda de prensa responsabilizaron al fiscal general del estado, Uriel Carmona si algo les pasa; pero también mencionaron, que tiene responsabilidad por el cargo que ostentan la gobernadora Margarita González Saravia, y el secretario de gobierno, Juan Salgado.
Recalcó Amalia que el fiscal Carmona sabe por oficios que le han enviado de la “nula capacidad que ahorita está representando la carpeta, para presentarse a una audiencia intermedia, es un MP que no encabezado ningún juicio oral, que ya fue amonestada en la audiencia de noviembre; sin embargo, sigue él sigue insistiendo en mantenerla en esa misma posición, lo que nos da la clara lectura de que quieren que se llegue a esta audiencia (intermedia, que se realizará este miércoles en Cuautla), y este asunto caiga por la inacción de la ministerio público”.
Otra irregularidad, expuso, que una de las probables imputadas, una de los 42 servidores públicos que se mencionó al principio de esta investigación (según la queja de la CNDH), determinó en 68 carpetas (de 119), que ella ya no debió de haber conocido por estar involucrada, “pero si lo hizo porque la FGE no ha iniciado una investigación en su contra, dentro de esas en 62 carpetas ella da el tema de la muerte lo da como indeterminado, estoy hablando de la doctora Jazmin Soto, que estuvo involucrada en el feminicidio (de Ariadna) por el cual está siendo investigado el fiscal Carmona Gándara”, subrayó Amalia.
De las 119 carpetas de los inhumados en esas fosas de Tetelcingo, mencionó que 90 son de personas que fueron asesinadas, “les estoy dando las irregularidades con que la FGE sigue trabajando; de estas (119 carpetas de cadáveres inhumados) 90 carpetas fueron por muerte violenta, lo que nos habla a nosotros y nos deja la clara lectura: de un gobierno que quiere todos estos delitos queden en la impunidad y que los servidores públicos (de la FGE) también permanezcan impunes”.
Amalia y María pidieron la intervención de la mandataria estatal, “no sabemos, cual es el temor que tiene para atender el tema en contra del fiscal general, si se trata de miedo nosotros también tenemos miedo”, asimismo le pidieron también que deje la retórica a un lado y actúe de acuerdo a sus responsabilidades, así también les exigieron a los diputados locales para que en esta entidad procuren justicia a estos 119 personas/cadáveres que inhumaron de manera masiva en las fosas de Tetelcingo.