Enfrentan acusaciones Graco Ramírez y Lucía Meza por corrupción.

Cuernavaca, Mor., 17 de mayo.
Graco Luis Ramírez, ex gobernador de Morelos (2012-2018), Lucia Virginia Meza Guzmán, ex diputada y ex presidenta de la mesa directiva de la 52 legislatura de Morelos, fueron denunciados ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) por ejercicio abusivo de funciones, ejercicio ilícito del servicio públicos, incumplimiento de funciones públicos, peculado y coalición relacionados con el crédito de 4 mil millones de pesos que aprobaron en el 2013 al ex gobernador y que hasta este día siguen pagando los morelenses.
Gerardo Becerra, vocero del Partido Encuentro Solidario (PES), informó lo anterior el jueves, acompañado de Nicolás Bellizia, enlace político de la campaña de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo.
El ex asesor de la presente administración estatal y uno de los principales activistas sociales opositor al gobierno del ex gobernador Graco Ramírez, narró que hace unos días consiguieron la auditoría especial que se realizó en el año 2014, -los créditos mencionados se autorizaron en el año 2013-, por parte de la Auditoría Superior de la Fiscalización del Congreso local encabezada que entonces encabezaba el ex auditor Luis Manuel González Velázquez, mediante un punto de acuerdo de la misma legislatura.
Pero al verse amenazados porque se transparentaría los verdaderos montos solicitados a los bancos, y en qué se usaron, y los presuntos delitos cometidos por parte del ex gobernador en colusión con Meza Guzmán,- la ex presidenta del Congreso y ahora candidata del PRIAN al gobierno de Morelos-, según Becerra, Meza con ayuda del ex gobernador Graco Ramírez, desaparecieron la Auditoría, y liquidaron al ex auditor González Velázquez, y crearon la Entidad Superior de la Federación de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos e impusieron al frente de esta a Vicente Loredo un perredista e incondicional de Graco Ramírez y de Meza Guzmán.
Así Loredo en vez exhibir la verdadera auditoría especial que dejó ya hecha el ex auditor González Velázquez, el “auditor a modo” de Graco y Lucía, (Loredo) salió a decir en ese tiempo que según su auditoría especial sólo había sanciones meramente resarcitorias, o administrativas, nada grave, y “dejó a Morelos en total indefensión ante los actos claramente corruptos y de tráfico de influencias” cometidos por Ramírez y Meza Guzmán.

La auditoría especial que no se conoció en el 2014: según Becerra.
En la citada denuncia (presentada el 13 de mayo) también se mencionó como probables responsables a la mayoría de los diputados de las entonces 52 legislatura, tres de los ex diputados no votaron a favor de dichos créditos solicitados por el ex gobernador Ramírez y el entonces secretario de gobierno Jorge Messeguer Guillen.
El monto que en total solicitó el ex gobernador fue por 4 mil 184 millones 933 mil 348 pesos a pagarse en 18 años de las participaciones federales que se entregan al gobierno del estado y a los municipios; 2 mil 806 millones 348 mil pesos fue el monto del crédito o endeudamiento; el monto de refinanciamiento deuda BBVA Bancomer es por 659 millones 835 mil 348 pesos; y el monto de refinanciamiento deuda con Banamex por una cantidad de 718 millones 750 mil pesos.
Este crédito millonario que mantiene endeudado a los morelenses, agregó Becerra que lo consiguió Ramírez, en complicidad con el Congreso local en ese entonces presidido por la ex perredista y ex diputada local, Meza Guzmán, actual candidata del PAN, PRI, PRD y RSP.
Desde el comienzo este crédito, afirmó Becerra, fue “ilegal y corrupto”, pues primero Graco les prometió a los alcaldes de Morelos un apoyo “especial”, e incluso se exhibió una lista de cuánto les tocaría del mentado crédito. El 15 de mayo de 2013 se remitió la iniciativa de decreto por el se autoriza al estado de Morelos y a sus 33 municipios, a contratar créditos o empréstitos y afectar a sus participaciones federales como fuentes de pago de los mismos, incluso en ese tiempo los municipios mencionaron que se repartirían y pagarían 2 mil 249 millones de pesos.
Pero, los alcaldes se quedaron sin nada, al enviar el ex gobernador Ramírez un oficio el 23 de septiembre de 2013 en donde informó a la Comisión de Hacienda del Congreso local que en relación a la iniciativa precisada anteriormente, “se han modificado las prioridades en materia de inversión pública productiva, presentándose nuevas prioridades (en tres meses), que de manera prioritaria debe tender el Ejecutivo, lo implica una contratación de créditos de una cantidad mayor a la propuesta Iniciativa de Decreto( de los municipios); modificándose el monto de 2 mil 249 millones a 2 mil 806 millones de pesos.
“Con el tiempo se sabría que la diferencia de los 500 millones de pesos fue el precio que pagó Graco a los diputados (no todos hubo tres que no aprobaron ese crédito) al construirles una nueva sede del Poder Ejecutivo en Terrenos comprados a sobreprecio, en lugar no adecuado y además pagando la construcción a sobre precio”, denunció Becerra.
El secretario de gobierno, Jorge Messerger, esposo de actual presidenta del IMPEPAC, Mireya Gally, publicó en ese tiempo en el periódico Tierra y Libertad en el decreto 936, el “endeudamiento más grande que nuestra tierra ha tenido en la historia. Más de 2 mil 800 millones de pesos de crédito, los cuales fueron dilapidados en bastos absurdos, sin obrar de por medio proyectos ejecutivos y desde luego sin licitación alguna”.
Gerardo Becerra, aseguró también que el ex auditor despedido y liquidado (Velázquez), antes de irse envió un informe preliminar al presidente de la comisión de hacienda del Congreso, de ese entonces, Arturo Arismendi, que tiene Becerra también, en donde ex auditor detalla las inconsistencias y violaciones a las leyes.
“A tal grado que uno de los apéndices de esta auditoría, titulado: nota informativa de la Auditoría Especial para la contratación de los créditos al gobierno del estado, el señor afirma: por lo que la autorización para contratación de créditos al gobierno del estado son nulos de pleno derecho. Gravísimo”, recalcó Becerra.
En ese mismo informe, agregó Becerra, que el ex auditor Velázquez, y en el 2014, determinó “un probable daño a la Hacienda Pública Estatal por mil millones 853 mil 286 pesos”.