Protestan familiares de 182 reos qué fueron trasladados a diferentes penales del país.

Cuernavaca, Mor., 11 de marzo.
Un grupo de mujeres que se identificaron como familiares de 182 reos del Centro de Reinserción Social (Cereso), Morelos, que fueron trasladados el pasado viernes a otros penales federales del país, protestaron esta mañana en frente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para demandar información de sus familiares y se lleve a cabo una audiencia para que se determine si fue legal o ilegal este traslado de Personas Privadas de su Libertad (PPL).
Las manifestantes, en su mayoría mujeres cubiertas del rostro con cubre bocas y gafas, demandaron una audiencia con el presidente del TSJ, Jorge Gamboa Olea, para que les informe por qué sus familiares fueron trasladados a otros penales, además de que sostuvieron que ya pasaron 48 horas a partir de la primera promoción que hicieron para que se realice una audiencia y se conozcan ahí los motivos de traslado, y en base a lo que allí se exponga, un juez defina si este traslado de los 182 reos fue legal o ilegal.
Mientras no se haga esta audiencia, las mujeres dijeron que para ellas es ilegal el traslado, porque según desde el penal de Atlacholoaya, no se notificó adecuadamente a los familiares, a los abogados, y a las PPL de este traslado que fue a la una y tres de la madrugada del viernes 8 de marzo pasado.
Unas mujeres reconocieron que ya pudieron hablar con sus familiares, pero que lo único que les dicen es que están “bien”, “ como si les dijeran que van decir”, y otras mujeres aseguraron que en esas llamadas que han hecho a esos penales a donde fueron trasladados les dicen que “los golpearon” pero ya no alcanzaron a explicar si en aquel penal en que fueron llevados, o en Atlacholoaya por parte de guardias; o si hubo una riña entre reos en este penal morelense y por eso se los llevaron; esa información es la que les hace falta, dijeron.
“Desconocemos la situación física de nuestras familias y estamos aquí buscando una respuesta del magistrado presidente, respecto a esto; solicitamos esta audiencia para determinar si los traslados fueron legales o ilegales; aunque nosotros creemos que fueron traslados ilegales ya que se notificó a nadie, ni familiares, ni abogados, ni a los PPL”, dijo una familiar de un reo.
Los PPL, según estas féminas, fueron trasladados a penales federales de Michoacán, Guanajuato, Sinaloa y Durango.
El gobierno del estado, cuando informó de estos traslados el viernes pasado, aseguró que estos movimientos eran para garantizar la estabilidad y gobernabilidad de los mismos.
“Las PPL trasladadas fueron catalogadas de acuerdo al hecho delictivo que cometieron, como resultado de un estudio de evaluación de riesgo. Cabe señalar que el traslado fue supervisado por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos”.